LA RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

Las sociedades mercantiles suponen uno de los principales motores a través de los cuales se desarrolla un estado. El peso y la importancia que tienen en la economía de un país hace indispensable elaborar una normativa que proteja a dichas compañías de las posibles mala praxis o ilegalidades que puedan llevar a cabo sus administradores que, según el artículo 209 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tienen la competencia de “la gestión y la representación de la sociedad”, lo que les coloca en una posición absoluta de garante de la viabilidad y desarrollo de la sociedad.

 

La responsabilidad de los administradores de las sociedades viene regulada en el Capítulo V del Título VI de la del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Esta normativa, concretamente en su artículo 236, extiende su efecto a los administradores de hecho, así como a las personas que actúen como tales por delegación, ya que sobre estos recaen los mismos deberes y obligaciones que los administradores. Todos ellos responderán solidariamente (salvo prueba en contrario, artículo 237) por el daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, que tendrá presunción iuris tantum, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales. Para la ley, la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General no exime de dicha responsabilidad.

 

Existen dos vías para exigir responsabilidad a los administradores por sus actos o acuerdos. En primer lugar, la acción social de responsabilidad, que es la que tiene la Sociedad contra los administradores de la misma, la cual requiere acuerdo de la Junta General por solicitud de cualquier socio, aunque no se encuentre en el orden del día. Sin embargo, la Junta podrá transigir o renunciar a dicha acción salvo que se opongan a ello socios que representen el cinco por ciento del capital social. En este mismo sentido, los socios cuyas participaciones en la sociedad fuere suficiente para solicitar la convocatoria de la Junta General y así lo hicieran al efecto de ejercitar la acción social de responsabilidad, podrán ejercitarla directamente si, pasado un mes desde la fecha del correspondiente acuerdo, los administradores no hubieren convocado la Junta, o si el acuerdo fuera contrario a la exigencia de responsabilidad. Dicha acción se basará en infracción de los administradores de sus deberes de lealtad (artículo 227), sin necesidad de someter la decisión a la Junta General.

 

Pero, ¿qué ocurre con aquellos socios que, sin llegar a la representación mínima del cinco por ciento, quieran ejercitar la acción de responsabilidad de los administradores? En este sentido, el artículo 241 establece que “quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos”, lo que viene a determinar que, pese a no tener posibilidad de promover la acción social de responsabilidad los socios minoritarios ni terceros, podrán exigir indemnización por los daños directos que hubieren sufrido como consecuencia de los actos o acuerdos de los propios administradores.

 

 

La normativa que desarrolla estas acciones, así como su plazo de prescripción de cuatro años, completan una importante protección a los socios, los cuales en la mayoría de los supuestos se encuentran en una posición frágil respecto del poder ejecutivo y de decisión de los administradores de las sociedades, otorgándoles mecanismos de defensa para la protección de sus derechos.

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